Actividad de Democracia (Matias Avello)

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UNA BUENA NOTICIA PARA LA DEMOCRACIA

Autor:  Carlos Bonicatto (*)

Hasta los años ’80, la historia de la democracia en América Latina – y consecuentemente en Argentina – se había caracterizado por su intermitencia y por la frecuencia de las interrupciones institucionales; en pocas palabras: por las grandes dificultades en afianzar la democracia, sea por cuestiones internas o externas. Esta lamentable dinámica comienza a revertirse progresivamente en la región en las dos últimas décadas del siglo XX, cuando la democracia empieza a generar toda una serie de expectativas por parte de la población de la región.

Sin embargo, desde hace algunos años se han venido planteando las debilidades, en términos de calidad, de las relativamente jóvenes democracias latinoamericanas. Una de las principales críticas se fundamentaba en la brecha creada entre la garantía de algunos derechos políticos fundamentales para la existencia de la democracia y las debilidades en términos de derechos sociales y civiles de los ciudadanos. La consolidación de la democracia como forma de gobierno en sociedades poco homogéneas, con fuertes desigualdades económicas y gran parte de la población en situación de extrema precariedad, había llevado a quitarle energía, su rol de herramienta transformadora de la sociedad.

En los últimos años en Argentina estamos viviendo un proceso que justamente viene a resginificar el sentido de la democracia, donde ésta no sólo se determina por una serie de reglas y procedimientos formales para la selección de los gobernantes – que son, por definición, imprescindibles – sino que pasa a impregnar el sentido mismo de sociedad. De esta forma, ya no podría catalogarse como democrática una sociedad signada por extremas desigualdades socio-económicas, agravada por la omisión del poder político para revertir dicha situación. Las mejoras en los indicadores sociales evidenciadas en nuestro país en poco menos de una década nos marcan una nueva dirección en el proceso de construcción y fortalecimiento de la democracia.

Es en este contexto de renovada participación política que, desde el gobierno, ha surgido la posibilidad de pasar de 18 a 16 años el umbral de edad que permite a los ciudadanos comenzar a ejercer el derecho a votar y, de ese modo, elegir a sus representantes y manifestar sus preferencias políticas. El ensanchamiento de la base electoral del país, que repercutiría principal y fundamentalmente en una mayor representatividad de las opiniones y deseos de su población, parecería, a primera vista, ser un objetivo deseable por parte de todos aquellos que se dedican a la cosa pública. A su vez, se establece una particularidad de gran relevancia, dado que no se obligaría a todos los jóvenes de entre 16 y 18 años a votar, sino que esta opción sería discrecional, basándose en la propia definición de la madurez política y compromiso social del votante.

Por todo lo expuesto, resulta al menos paradójico que las mayores críticas a la extensión del derecho de voto a los jóvenes a partir de los 16 años surjan de aquellos sectores que se presentan como los defensores del orden democrático y de sus instituciones. Mientras en la mayoría de las democracias occidentales prevalece el desencanto hacia los distintos gobiernos – sean de izquierda o de derecha - y hacia los representantes democráticamente elegidos, la entrada al mundo político de los jóvenes de 16 y 17 años es denunciada como un ataque a la democracia misma. Las voces en contra de esta iniciativa no hacen otra cosa que mostrarse a favor de una democracia meramente formal, que no incluya la participación popular y que defienda únicamente intereses minoritarios.

Quienes acusan la iniciativa de oportunismo electoral parecen omitir algunos principios fundamentales de la democracia: la libertad para formar las propias preferencias en una sociedad donde está garantizada la libertad de información, de prensa y de asociación, libertades que ningún actor bienintencionado puede sostener que estén ausentes en nuestro territorio. Afirmar que la posibilidad de que miles de jóvenes accedan por primera vez al voto fortalecerá directamente al gobierno que promulgue dicha iniciativa – deduciendo que se trata de una parte de la población “fácilmente manejable” – subestima la capacidad y los intereses de los jóvenes para formar sus propias ideas, expresarlas y llevarlas a la práctica.

En una época de cambios tan profundos, recurrir a la participación de los jóvenes, que por primera vez en la historia de la humanidad, enseñan a los adultos la nueva cultura de la comunicación, es dar intervención formal e institucional a los verdaderos gestores del cambio y los que, con su interés, van a dar fortaleza a la política. Quizás un buen primer paso para los detractores de esta iniciativa, sea escuchar el parecer y los intereses de los principales beneficiarios de este derecho, los jóvenes, aquellos cuya “integridad moral” parece preocupar tan hondamente al punto de intentar obstaculizar el goce de un derecho fundamental para las sociedades democráticas.

Hasta el día de hoy, la extensión de derechos no ha producido ningún tipo de tormenta social, motivo por el cual una oposición al derecho al voto para los mayores de 16 años no sería entendible. De todos modos, hay un aspecto que presenta un serio riesgo y desafío para todos aquellos que pugnan por una sociedad más justa, inclusiva y democrática: que, de sancionarse dicha iniciativa en el Congreso, se utilice este argumento para bajar la edad de imputabilidad y criminalizar a los y las jóvenes menores de 18 años. Es importante que, como sociedad, no permitamos que el avance en la concesión de derechos pueda traducirse en la limitación, y hasta violación de otros derechos ya reconocidos.

Para finalizar, es importante no perder de vista el objeto sobre el cual se esta debatiendo – el derecho de voto de los jóvenes – y sus repercusiones cuantitativas y cualitativas sobre la democracia e intentar dejar de lado las mezquindades partidarias que anteponen el propio interés de poder a la obtención de un paso fundamental para nuestra sociedad. Los derechos, para ser reconocidos, siempre han debido ser conquistados. Y en este sentido debemos valorizar el momento histórico de nuestro país y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y en nuestro caso como un organismo de Derechos Humanos, a fin de poder fortalecer nuestra democracia y trabajar para que el Estado garantice los derechos, de manera tal de poder mirar al futuro con la certeza de que estamos construyendo un mejor país para las próximas generaciones. En definitiva, conseguir una Argentina con más democracia y con más derechos; de eso se trata el debate.

(*) Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del República Argentina (ADPRA).